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Sobre las grabaciones ocultas como prueba ante los Tribunales

Jueves, 27 de Diciembre de 2018

Fuente: https://confilegal.com

 

Debemos empezar, en primer lugar, citando la conocida Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 12/2012, de 30 de enero de 2012, que consideraba que “el carácter oculto que caracteriza a la técnica de investigación periodística llamada «cámara oculta» impide que la persona que está siendo grabada pueda ejercersu legítimo poder de exclusión frentea dicha grabación, oponiéndose a su realización y posterior publicación (…)”.

 

Por tanto, partimos de la premisa de que no se puede grabar a alguien de forma oculta o subrepticia provocando una manifestación, una respuesta, un comportamiento que, de saber que estaba siendo grabado o, mejor, observado por terceros, no hubiera dado, o se hubiera conducido de forma muy diferente.

 

Parece haberse extendido la ‘leyenda urbana’ de que la grabación de una conversación es válida cuando es realizada por uno de los interlocutores. Pues como podemos ver, nada más lejos de la realidad. Cierto es, que la grabación de una conversación por uno de los interlocutores no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, nada más, pero no tiene por qué ser válida.

 

Porque sí que vulnera derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad o el derecho a la libertad de comunicación -artículo 18. 3 de la Constitución- , si no respeta determinados parámetros nacionales y, antes, internacionales, de acuerdo con la interpretación que ha realizado nuestro Tribunal Europeo de Derecho Humanos.

 

La sentencia del Tribunal Constitucional 170/2013 sostiene que “se pretende que todas las comunicaciones -incluidas las electrónicas- puedan realizarse con libertad (…)  Así pues, el objeto directo de protección del artículo 18.3 de la CE es el proceso de comunicación en libertad y no por sí solo el mensaje transmitido”.

 

Se trata de un derecho ya consagrado por el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos (CEDH): el derecho que todos tenemos a relacionarnos con nuestro entorno social sin ningún tipo de injerencia externa ni de los poderes públicos ni de cualquiera otras personas.

 

Y frente a diversas opiniones sostenidas por algunos Tribunales españoles o criterios aislados de la Fiscalía, lo que no puede dudarse es que desde el año 2002, se protegen las comunicaciones, y, una vez terminada la comunicación, lo que con lo transmitido haga el destinatario lo que se protege a través del derecho a la intimidad u otros derechos.

 

La Ley 13/2015 de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la Regulación de la Investigación Tecnológica, ha supuesto uno de los mayores hitos en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar los derechos fundamentales de los justiciables o implicados en un proceso penal.

 

En este sentido, podríamos decir que, para que una grabación oculta pueda servir como prueba, debe respetar los siguientes requisitos:

 

1.- Haberse realizado fuera de un espacio en el que exista para alguno de los interlocutores expectativa razonable de privacidad, como puede ser su despacho profesional, su domicilio o su vehículo.

 

2.- No provocar la intervención o manifestación del interlocutor, debiendo ésta ser absolutamente espontánea.

 

3.- Que sea grabada por uno de los interlocutores.

 

4.- Que se incorpore al proceso en su original, cumpliendo con los requisitos de autenticidad e integridad que ordena el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

5.- Que no se produzca la difusión de dicha conversación por uno de los interlocutores pues la difusión vulnera la intimidad y puede ser constitutiva de ilícito penal contemplado en el artículo 197.3 del Código Penal.

 

No olvidemos la sentencia del Tribunal Constitucional 170/2013, que considera que el derecho a la intimidad “confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido”.

 

Así pues, “lo que garantiza el artículo 18.1 CE es el secreto sobre nuestra propia estera de vida personal, excluyendo que sean los terceros, particulares o poderes públicos, los que delimiten los contornos de nuestra vida privada”.

 

Y añade: “Hemos tenido ocasión de precisar que el ámbito de cobertura de este derecho fundamental viene determinado por la existencia en el caso de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad. En concreto, hemos afirmado que un ‘criterio a tener en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante manifestaciones de la vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas es el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno. Así por ejemplo cuando se encuentra en un paraje inaccesible o en un lugar solitario debido a la hora del día, puede conducirse con plena espontaneidad en la confianza fundada de la ausencia de observadores. Por el contrario, no pueden abrigarse expectativas razonables al respecto cuando de forma intencional, o al menos de forma consciente, se participa en actividades que por las circunstancias que las rodean, claramente pueden ser objeto de registro o de información pública (SSTEDH de 25 de septiem- bre de 2001, P.G. y J.H. c. Reino Unido, § 57, y de 28 de enero de 2003, Peck c. Reino Unido, § 58)’ (STC 12/2012, de 30 de enero, FJ 5)”.

 

Otro claro ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Junio de 2018, que confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid del famoso y conocido "Caso Guateque".

 

Ambas sentencias ya reiteran los parámetros que deben reunir estas grabaciones ocultas o subrepticias para ser válidas como prueba y estas sentencias deberían estar en la mente de cualquier juez o tribunal de nuestro país antes de lanzarse a la imputación fundada en estos documentos o grabaciones subrepticias que, en la mayoría de los casos, no respetan ese derecho a la libre comunicación y por lo tanto –artículo 11 de la LOPJ– carecen de cualquier validez como prueba.

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